Después
de lo ocurrido durante la huelga general del 29M, en algunas ciudades
como Barcelona, algunos políticos han visto luz verde para endurecer
el código penal, basándose en que hay que luchar contra una espiral
de violencia ejercida por "colectivos antisistema que practican
técnicas de guerrilla urbana".
Felip
Puig, consejero de interior de la Generalitat de Cataluña, ha
abogado por una reforma
del Código Penal que endurezca las penas para delitos de violencia
callejera "no
para que entre más gente en prisión sino para que haya más gente
que tenga más miedo al sistema y que no sea tan osada".
Ha
lamentado que se haya sido "demasiado permisivo en los últimos
años con el vandalismo", por eso ahora esta
es una de las medidas que están valorando en sintonía con el
Ministerio del Interior.
Según
Puig, el fenómeno de la violencia callejera "ha eclosionado de
una manera definitiva y está más que cronificado en la ciudad de
Barcelona", por lo que se ha mostrado partidario de la reforma
que quiere impulsar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Según
Luis de los Santos, miembro del grupo de juristas por los Derechos
Humanos 17 de marzo, esta nueva reforma considera la resistencia
pacífica un atentado contra la autoridad, y por otro lado al tener
pena de prisión de más de dos años, el fiscal puede pedir prisión
provisional.
En
España las penas de resistencia y atentado contra la autoridad son
de las más altas de Europa, por otro lado España es el país
europeo con mayor número de presos en prisión preventiva y con
menos tasa de criminalidad.
“Con
las leyes penales no se pueden solucionar problemas sociales”
